¿Víctima de acoso laboral? Qué hacer.

El acoso moral o “mobbing laboral” define una situación de hostigamiento que sufre un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológica de forma prolongada y que le conducen al extrañamiento social en el marco laboral, le causan enfermedades psicosomáticas y estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que abandone el empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido.

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La importancia de la prueba

El mayor problema cuando se es víctima de un acoso laboral es conseguir las pruebas que lo demuestren. Por ello, es  fundamental recopilar todas las pruebas posibles:

  • Documentos escritos: correos, circulares, notas, encargos o órdenes de trabajo, cambios de puestos o de funciones…
  • Conversaciones grabadas. En los juicios laborales se pueden utilizar estas grabaciones siempre que el trabajador participe en la conversación, sin tener que avisar que se está grabando.
  • Testigos que puedan declarar sobre los hechos, pueden ser compañeros, clientes, trabajadores de otras empresas que vean los hechos…
  • Fotografías de los hechos.

 

¿Qué hacer si sufres acoso laboral?

Soluciones extrajudiciales:

  • Presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Habrá que adjuntar copia de todas las pruebas que se tengan. El inspector, de forma anónima, sin indicar quién es el trabajador denunciante, investigará los hechos. Con lo que descubra redactará un acta, lo que nos servirá de prueba adicional en posibles acciones judiciales. Además, el Inspector puede obligar a la empresa a cesar en el acoso o a tomar las medidas necesarias para que el acoso termine, y podrá sancionar a la empresa tanto por ser el origen del acoso como por no haberlo evitado al tener la obligación de velar por la salud de sus trabajadores.
  • Ver si  en el Convenio Colectivo existe un protocolo frente al acoso, y en ese caso activarlo.
  • Ponerlo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de la empresa: en el caso de que exista ese comité, para que dentro de la empresa se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias. Suele funcionar solo cuando es un acoso producido entre compañeros, no por la empresa.
  • Denunciar a la dirección de la empresa: cuando el acoso no proviene de la propia empresa. La empresa tiene la obligación de velar por la salud de sus trabajadores y evitar este tipo de situaciones. Normalmente no es una medida muy efectiva.

Soluciones judiciales:

– Jurisdicción Social

Existen procedimientos laborales que se pueden poner en marcha:

  • Demanda por tutela de Derechos Fundamentales: para la defensa de la dignidad del trabajador y contra el acoso recibido, de forma que el Juez constate este acoso y obligue al acosador a cesar. Es un procedimiento urgente y preferente.
  • Procedimiento para extinguir la relación laboral: pedir que se rompa la relación laboral debido a este acoso por parte de la empresa y que se le reconozca la máxima indemnización como si fuese un despido improcedente a la posibilidad de pedir la prestación por desempleo.
  • Procedimiento reclamación daños y perjuicios: junto a la tutela de los derechos fundamentales o a la extinción se puede pedir que la empresa pague los daños y perjuicios soportados y derivados del acoso. Será necesario cuantificar estos daños y demostrarlos.

En algunos de estos procedimientos se puede pedir al Juzgado que autorice al trabajador a no asistir al lugar de trabajo hasta que se resuelva el juicio, y que la empresa tenga que seguir pagando el salario. Y en la mayoría de los casos será necesario demandar tanto a la empresa como al acosador.

Además hay que tener en cuenta que en los procedimientos por acoso, como norma general el trabajador tiene que mostrar los indicios del acoso recibido y será la empresa la que tiene que demostrar que este acoso no ha existido.

– Procedimiento Penal

Mediante denuncia o querella, a tenor lo de establecido en el artículo 173.1 del Código Penal sobre los delitos de torturas y contra la integridad moral:

El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

– Procedimiento Civil

  • Se pueden solicitar responsabilidades extracontractuales del agresor, en el caso de no ser el empresario.

– Procedimiento Contencioso-Administrativo

  • Cuando se es funcionario público no se debe de acudir a la vía laboral si no a la vía contenciosa. En la Administración Pública existe un protocolo contra el acoso, para solicitar a los superiores jerárquicos que se finalice con el acoso. En el caso de no actuarse, existe la posibilidad de demandar ante los Juzgados Contencioso-Administrativo, así como pedir una indemnización por daños y perjuicios.

 

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¿Cuándo estamos ante violencia de género?

Según la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004) ha de entenderse como violencia de género “toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esta violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad“.

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Características

  • El sujeto activo de la violencia, es decir, quien la practica, debe ser un hombre.
  • El sujeto pasivo de la violencia, es decir, quien la sufre, debe ser una mujer.
  • Entre ambos debe existir actualmente, o haber existido en el pasado, una relación de afectividad: deben ser, o haber sido, cónyuges o estar, o haber estado, ligados por relaciones similares de afectividad.
  • No es preciso que haya habido convivencia entre hombre y mujer.
  • La violencia ejercida, por expresa imposición del mentado art.1 de la LO 1/2004, por el hombre sobre la mujer debe ser manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Supuestos no contemplados

  • No es suficiente que el agresor sea un hombre y la agredida o víctima una mujer, pues ésta, repito, debe mantener o haber mantenido con aquél una relación sentimental de pareja: no existirá violencia de género, por tanto, si la víctima es, por ejemplo, la madre del agresor, su hermana o una hija, y ello aunque la violencia ejercida lo sea por razón de género.
  • No es suficiente, tampoco, que el agresor sea, o haya sido, la pareja sentimental de la mujer que ha sufrido la violencia, pues ésta debe constituir, y es preciso insistir en ello, una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres o, más exactamente, y aplicado ello al caso concreto, una manifestación de discriminación, desigualdad o poder de un determinado hombre sobre una mujer igualmente determinada.

¿Resulta la posición de dominio del varón un elemento del tipo en los delitos de violencia de género?

Lo cierto es que, tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial, no es una cuestión pacifica. De hecho son varias las resoluciones de Audiencias Provinciales (como por ejemplo, la de Madrid) que consideran que en delitos de violencia de género no exige la ley un dolo especial concretado en una manifestación de someter, subyugar o discriminar a su pareja.

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LA DESOBEDIENCIA LEVE A LA AUTORIDAD SE DESPENALIZA PASANDO A SER FALTA ADMINISTRATIVA

Después de la última reforma del Código Penal, la antigua falta de desobediencia leve a la autoridad (el derogado art. 634 Código Penal) se incorpora a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pasando a ser dos tipos de infracciones administrativas –que no penales-, siendo éstas las que siguen:

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a) Por un lado, se castiga como infracción grave en el art. 36.6 Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana “la desobediencia o la resistencia a la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

b) Por otro, se sancionan como infracciones administrativas leves (art. 37.4 LOSC) “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean conductas de infracción penal”.

Ahora bien, cuando la resistencia o desobediencia se consideren graves serán delito del art. 556.1 Código Penal.

¿Cuándo estaremos ante un delito y no una falta administrativa de desobediencia a la autoridad?

Estaremos ante un delito cuando se den sus elementos característicos que siguen a continuación:

– El sujeto pasivo del delito será la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (no los funcionarios públicos).

– La desobediencia exige que previamente exista una orden directa y terminante de la autoridad o sus agentes, dictada con las formalidades legales y por la que se imponga al particular una conducta activa o pasiva. No hace falta que al dictar la orden se le advierta al sujeto que de no cumplirla podrá incurrir en un delito de desobediencia.

– La orden ha de llegar a conocimiento del particular. No se incurrirá en una infracción penal por desobediencia si no se conoce la orden que ha de cumplirse.

– Negativa a cumplir la orden. La oposición voluntaria al mandato de la autoridad también es considerado como negativa.

– Se exige gravedad en cuanto a la desobediencia. Si no existiera la gravedad, aunque se hubiese desobedecido, estaríamos frente a una falta.

 

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El maltrato de obra en nuestro Código Penal

Una de las novedades de la última reforma del Código Penal es la introducción del delito leve de maltrato de obra (dado que tras la modificación han desaparecido las faltas), que, a efectos penales, se entiende por la conducta en la que se producen golpes o malos tratos de obra hacia una persona, sin causarle lesión. Dicho de otra forma, este nuevo delito leve hace referencia a aquellas conductas contra la integridad física de las personas, que como resultado no requieren ningún tipo de asistencia facultativa médica, ni tan siquiera la primera asistencia.

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Este delito leve se encuentra regulado en el artículo 147.3 del Código Penal, que establece:

“El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la PENA DE MULTA DE UNO A DOS MESES”

Importante señalar:

Que el golpeo o maltrato de obra sólo serán perseguidos mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, a no ser que estemos ante casos de violencia de género en los que no se exigirá denuncia previa para perseguir las lesiones de menor gravedad y el maltrato de obra, a su vez que la conducta dejará de ser constitutiva de un delito leve, y las penas se agravarán.

 

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Irrelevancia penal en la aplicación del “principio de insignificancia” en el tráfico de drogas.

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Principio de insignificancia: No hay delito si la cantidad es insignificante como para causar efectos dañinos en la salud.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 743/2014 se reitera en la línea jurisprudencial seguida por la Sala sobre el llamado “principio de insignificancia” en los delitos contra la salud pública, acuñado ya en numerosos precedentes jurisprudenciales y según el cual en los casos en los que la droga objeto del ilícito tráfico, por su desnaturalización cualitativa o la extrema nimiedad cuantitativa, carece absolutamente de los efectos potencialmente dañinos para la salud de las personas, la acción debe considerarse atípica.

Según la mencionada sentencia,

Debemos poner de manifiesto que, tras el Pleno no Jurisdiccional y para la Unificación de Criterios, de fecha 24 de enero de 2003, se dispuso que con respecto a la sustancia estupefaciente cocaína, la cantidad mínima psicoactiva, ha de situarse en 50 miligramos de principio activo puro. Precisamente por ello, sostuvimos en nuestra Sentencia 615/2008, de 8 de octubre , que por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala se adoptaron los acuerdos de 24 de enero de 2003 y 3 de febrero de 2005. En ellos se acude al expediente de determinación, siguiendo informes recibidos del Instituto Nacional de Toxicología, de las denominadas dosis mínimas psicoactivas que se hicieron públicas y que, en el caso de la cocaína, se fijó en 50 miligramos, y cuanto a la heroína, en 0,66 miligramos. Reiteramos la doctrina dimanante de nuestra STS 419/2012 , de 3 de mayo.

Es decir, no hay comisión de delito en aquellos supuestos en que la sustancia, muchas veces por adulteración, tiene tan poco principio activo que, de alguna forma, no puede considerarse como droga, y por tanto, no lesiona potencialmente la salud.

Dosis mínimas psicoactivas (Instituto Nacional de Toxicología)

Los limites entre tipicidad y atipicidad lo marcan las siguientes cantidades:

  • Heroína 0,66 mg / 0,00066 gr.
  • Cocaína 50 mg / 0,05 gr.
  • Hachís 10 mg / 0,01 gr.
  • LSD 20 mg / 0,000005 gr.
  • MDMA (Éxtasis) 20 mg / 0,02 gr.
  • Morfina 2 mg/ 0,002 gr.

 

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