Oración del Abogado

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ORACIÓN DEL ABOGADO

Señor, permíteme ser hábil en el argumento, preciso en el análisis, estricto en el estudio, franco con mis clientes y honesto con los adversarios.

Siéntate a mi lado en mi escritorio y escucha conmigo las necesidades de mis clientes, lee junto a mí en la biblioteca y permanece a mi lado en la vista, para que hoy, al tratar de ganar un caso, no pierda mi alma.

 

 

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¿Víctima de acoso laboral? Qué hacer.

El acoso moral o “mobbing laboral” define una situación de hostigamiento que sufre un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológica de forma prolongada y que le conducen al extrañamiento social en el marco laboral, le causan enfermedades psicosomáticas y estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que abandone el empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido.

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La importancia de la prueba

El mayor problema cuando se es víctima de un acoso laboral es conseguir las pruebas que lo demuestren. Por ello, es  fundamental recopilar todas las pruebas posibles:

  • Documentos escritos: correos, circulares, notas, encargos o órdenes de trabajo, cambios de puestos o de funciones…
  • Conversaciones grabadas. En los juicios laborales se pueden utilizar estas grabaciones siempre que el trabajador participe en la conversación, sin tener que avisar que se está grabando.
  • Testigos que puedan declarar sobre los hechos, pueden ser compañeros, clientes, trabajadores de otras empresas que vean los hechos…
  • Fotografías de los hechos.

 

¿Qué hacer si sufres acoso laboral?

Soluciones extrajudiciales:

  • Presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Habrá que adjuntar copia de todas las pruebas que se tengan. El inspector, de forma anónima, sin indicar quién es el trabajador denunciante, investigará los hechos. Con lo que descubra redactará un acta, lo que nos servirá de prueba adicional en posibles acciones judiciales. Además, el Inspector puede obligar a la empresa a cesar en el acoso o a tomar las medidas necesarias para que el acoso termine, y podrá sancionar a la empresa tanto por ser el origen del acoso como por no haberlo evitado al tener la obligación de velar por la salud de sus trabajadores.
  • Ver si  en el Convenio Colectivo existe un protocolo frente al acoso, y en ese caso activarlo.
  • Ponerlo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de la empresa: en el caso de que exista ese comité, para que dentro de la empresa se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias. Suele funcionar solo cuando es un acoso producido entre compañeros, no por la empresa.
  • Denunciar a la dirección de la empresa: cuando el acoso no proviene de la propia empresa. La empresa tiene la obligación de velar por la salud de sus trabajadores y evitar este tipo de situaciones. Normalmente no es una medida muy efectiva.

Soluciones judiciales:

– Jurisdicción Social

Existen procedimientos laborales que se pueden poner en marcha:

  • Demanda por tutela de Derechos Fundamentales: para la defensa de la dignidad del trabajador y contra el acoso recibido, de forma que el Juez constate este acoso y obligue al acosador a cesar. Es un procedimiento urgente y preferente.
  • Procedimiento para extinguir la relación laboral: pedir que se rompa la relación laboral debido a este acoso por parte de la empresa y que se le reconozca la máxima indemnización como si fuese un despido improcedente a la posibilidad de pedir la prestación por desempleo.
  • Procedimiento reclamación daños y perjuicios: junto a la tutela de los derechos fundamentales o a la extinción se puede pedir que la empresa pague los daños y perjuicios soportados y derivados del acoso. Será necesario cuantificar estos daños y demostrarlos.

En algunos de estos procedimientos se puede pedir al Juzgado que autorice al trabajador a no asistir al lugar de trabajo hasta que se resuelva el juicio, y que la empresa tenga que seguir pagando el salario. Y en la mayoría de los casos será necesario demandar tanto a la empresa como al acosador.

Además hay que tener en cuenta que en los procedimientos por acoso, como norma general el trabajador tiene que mostrar los indicios del acoso recibido y será la empresa la que tiene que demostrar que este acoso no ha existido.

– Procedimiento Penal

Mediante denuncia o querella, a tenor lo de establecido en el artículo 173.1 del Código Penal sobre los delitos de torturas y contra la integridad moral:

El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

– Procedimiento Civil

  • Se pueden solicitar responsabilidades extracontractuales del agresor, en el caso de no ser el empresario.

– Procedimiento Contencioso-Administrativo

  • Cuando se es funcionario público no se debe de acudir a la vía laboral si no a la vía contenciosa. En la Administración Pública existe un protocolo contra el acoso, para solicitar a los superiores jerárquicos que se finalice con el acoso. En el caso de no actuarse, existe la posibilidad de demandar ante los Juzgados Contencioso-Administrativo, así como pedir una indemnización por daños y perjuicios.

 

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¿Cuándo estamos ante violencia de género?

Según la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004) ha de entenderse como violencia de género “toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esta violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad“.

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Características

  • El sujeto activo de la violencia, es decir, quien la practica, debe ser un hombre.
  • El sujeto pasivo de la violencia, es decir, quien la sufre, debe ser una mujer.
  • Entre ambos debe existir actualmente, o haber existido en el pasado, una relación de afectividad: deben ser, o haber sido, cónyuges o estar, o haber estado, ligados por relaciones similares de afectividad.
  • No es preciso que haya habido convivencia entre hombre y mujer.
  • La violencia ejercida, por expresa imposición del mentado art.1 de la LO 1/2004, por el hombre sobre la mujer debe ser manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Supuestos no contemplados

  • No es suficiente que el agresor sea un hombre y la agredida o víctima una mujer, pues ésta, repito, debe mantener o haber mantenido con aquél una relación sentimental de pareja: no existirá violencia de género, por tanto, si la víctima es, por ejemplo, la madre del agresor, su hermana o una hija, y ello aunque la violencia ejercida lo sea por razón de género.
  • No es suficiente, tampoco, que el agresor sea, o haya sido, la pareja sentimental de la mujer que ha sufrido la violencia, pues ésta debe constituir, y es preciso insistir en ello, una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres o, más exactamente, y aplicado ello al caso concreto, una manifestación de discriminación, desigualdad o poder de un determinado hombre sobre una mujer igualmente determinada.

¿Resulta la posición de dominio del varón un elemento del tipo en los delitos de violencia de género?

Lo cierto es que, tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial, no es una cuestión pacifica. De hecho son varias las resoluciones de Audiencias Provinciales (como por ejemplo, la de Madrid) que consideran que en delitos de violencia de género no exige la ley un dolo especial concretado en una manifestación de someter, subyugar o discriminar a su pareja.

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LA DESOBEDIENCIA LEVE A LA AUTORIDAD SE DESPENALIZA PASANDO A SER FALTA ADMINISTRATIVA

Después de la última reforma del Código Penal, la antigua falta de desobediencia leve a la autoridad (el derogado art. 634 Código Penal) se incorpora a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pasando a ser dos tipos de infracciones administrativas –que no penales-, siendo éstas las que siguen:

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a) Por un lado, se castiga como infracción grave en el art. 36.6 Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana “la desobediencia o la resistencia a la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

b) Por otro, se sancionan como infracciones administrativas leves (art. 37.4 LOSC) “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean conductas de infracción penal”.

Ahora bien, cuando la resistencia o desobediencia se consideren graves serán delito del art. 556.1 Código Penal.

¿Cuándo estaremos ante un delito y no una falta administrativa de desobediencia a la autoridad?

Estaremos ante un delito cuando se den sus elementos característicos que siguen a continuación:

– El sujeto pasivo del delito será la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (no los funcionarios públicos).

– La desobediencia exige que previamente exista una orden directa y terminante de la autoridad o sus agentes, dictada con las formalidades legales y por la que se imponga al particular una conducta activa o pasiva. No hace falta que al dictar la orden se le advierta al sujeto que de no cumplirla podrá incurrir en un delito de desobediencia.

– La orden ha de llegar a conocimiento del particular. No se incurrirá en una infracción penal por desobediencia si no se conoce la orden que ha de cumplirse.

– Negativa a cumplir la orden. La oposición voluntaria al mandato de la autoridad también es considerado como negativa.

– Se exige gravedad en cuanto a la desobediencia. Si no existiera la gravedad, aunque se hubiese desobedecido, estaríamos frente a una falta.

 

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El maltrato de obra en nuestro Código Penal

Una de las novedades de la última reforma del Código Penal es la introducción del delito leve de maltrato de obra (dado que tras la modificación han desaparecido las faltas), que, a efectos penales, se entiende por la conducta en la que se producen golpes o malos tratos de obra hacia una persona, sin causarle lesión. Dicho de otra forma, este nuevo delito leve hace referencia a aquellas conductas contra la integridad física de las personas, que como resultado no requieren ningún tipo de asistencia facultativa médica, ni tan siquiera la primera asistencia.

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Este delito leve se encuentra regulado en el artículo 147.3 del Código Penal, que establece:

“El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la PENA DE MULTA DE UNO A DOS MESES”

Importante señalar:

Que el golpeo o maltrato de obra sólo serán perseguidos mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, a no ser que estemos ante casos de violencia de género en los que no se exigirá denuncia previa para perseguir las lesiones de menor gravedad y el maltrato de obra, a su vez que la conducta dejará de ser constitutiva de un delito leve, y las penas se agravarán.

 

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¿Cuándo es delito el cultivo y consumo “compartido” de cannabis? Doctrina del Tribunal Supremo.

Consumo compartido de cannabis.

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El Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala de lo Penal del TS núm. 484/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015 (Rec. 1765/2014),  condenó a los responsables de Club Cannábico (Vizcaya) por un delito contra la salud pública. La sentencia, que supuso una revisión de la doctrina existente sobre el autoconsumo compartido, ha supuesto una gran limitación en la actividad de estos clubes de autoconsumo, al considerar muchas de sus características suficientes como para considerar que estamos ante la comisión del delito del artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo. Según el mencionado artículo,

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Pues bien, considera el Tribunal Supremo que aunque el consumo no tenga relevancia penal, sí lo tiene el cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una Asociación y abierto a nuevas incorporaciones, dado que colma las exigencias típicas del artículo 368 del Código Penal.

Si bien es cierto que puede haber supuestos en los que el consumo compartido de cannabis no sean delictivos, determinar su atipicidad será una cuestión de estudiar el caso concreto y no de establecer unos requisitos tasados.

Ahora bien, sí podemos decir que los siguientes indicadores favorecerán la apreciación de la atipicidad en el consumo compartido de este tipo de agrupaciones:

  • El reducido número de personas que se agrupan informalmente con esa finalidad.
  • El carácter cerrado del círculo, sus vínculos y relaciones que permiten conocerse entre sí y conocer sus hábitos de consumo y además alcanzar la certeza más allá del mero compromiso formal exteriorizado, de que el producto se destina en exclusiva a ese consumo individual de quienes se han agrupado, con la razonable convicción de que nadie va a proceder a una redistribución o comercialización por su cuenta,
  • Los hábitos de consumo en recinto cerrado. Quedaría definitivamente ratificada esa estimación, aunque no sea este dato imprescindible, si el cultivo compartido va seguido de un consumo compartido.
  • La ausencia de cualquier vestigio de espíritu comercialu obtención de ganancias por alguno o por varios.
  • La absoluta espontaneidad y por supuesto voluntad libre e iniciativa propia de quienes se agrupan, (lo que permite excluir los supuestos en que se admite a un menor de edad que carecerá de madurez para que su consentimiento en materia perjudicial para la salud como ésta pueda considerarse absolutamente informado y por tanto libre) son otros factores de ponderación.
  • El encapsulamiento de la actividad en ese grupo (lo que no excluye una adhesión posterior individualizada y personalizada de alguno o algunos más nunca colectiva ni fruto de actuaciones de proselitismo, propaganda o captación de nuevos integrantes)
  • Así como la ausencia de toda publicidad, ostentación -consumo en lugares cerrados- o trivialización -tal conducta, siendo atípica, no dejará de ser ilícita-, ayudarán a afirmar esa atipicidad por asimilación al cultivo al servicio exclusivo del propio consumo.

 

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SI LA POLICÍA TE PREGUNTA ¿POR QUÉ ME GRABAS? PORQUE NO ES ILEGAL.

Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘Ley Mordaza’: la nueva normativa no impide grabar a agentes de Policía mientras ejercen sus funciones, aunque considere falta grave usar las imágenes sin permiso y poniendo en peligro su seguridad. Por ejemplo, difundiendo sus imágenes de manera que pueda ser identificados y represaliados posteriormente.

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Tampoco la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana considera que está prohibido grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones”, aunque sí considera como falta grave, tal y como señalan los jueces, usar esas imágenes o datos sin autorización y “poniendo en peligro su seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o poner en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental de la información”.

 

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Si te detienen, no declares en sede policial a no ser que tu abogado haya leído el atestado policial, y hayas podido hablar con él antes de forma reservada y confidencial.

Consejo de Abogado Penalista Valencia a los detenidos.

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La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento (28 de octubre de 2015 entra en vigor la LO 5/2015, y el 1 de noviembre entra en vigor la LO 13/2015), ha supuesto importantes cambios en la asistencia letrada al investigado o detenido.

Entre los cambios que consideramos de gran importancia, mencionaremos los siguientes:

  • El abogado tiene derecho a acceder al atestado para impugnar la legalidad de la detención.

    Antes de la reforma, los abogados no podíamos ver el atestado hasta que el expediente no estuviera en el juzgado. El atestado es el documento en el cual se relatan los hechos de los que se acusa a los detenidos, es por ello que, al no poder tener acceso a esa documentación en comisaría, en realidad ni el detenido ni su abogado sabían “exactamente” de qué se le acusaba, por lo que para evitar meter la pata siempre aconsejamos no declarar nada hasta llegar al juzgado donde ya podíamos ver toda la documentación relativa a la detención.

  • El abogado puede entrevistarse reservadamente y de forma confidencial con el detenido antes de la declaración policial.

NOVEDADES EN LA ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO (Art. 520 LECr.)

A partir del 28 de octubre de 2015, (L.O. 5/2015, de 27/04/15):

Las personas detenidas tendrán derecho a que se les informe, por escrito, en una lengua que comprendan y de manera inmediata, de las causas de su detención y de sus derechos:

  1.  Derecho a guardar silencio, no declarar o contestar solo las preguntas que desee; a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
  2. Derecho a que su Abogado esté presente en su declaración y en las diligencias de reconocimiento en rueda.
  3. Derecho a acceder al atestado para impugnar la legalidad de la detención.
  4. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia Si fuera extranjera, que se comunique a la Oficina Consular de su país.
  5. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete.
  6. Derecho a ser reconocido por el médico forense.
  7. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita.

NOVEDADES EN LA ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO O INVESTIGADO. (Arts. 118 y 520 LECr.) A partir del 1 de noviembre de 2015 (L.O. 13/2015, de 5/10/15):

Las personas detenidas u objeto de una investigación penal tendrán derecho a que se les informe, por escrito, en una lengua que comprendan y de manera inmediata, de:

1.- Las causas de su detención.

2.- Los hechos que se le atribuyan, con un grado de detalle suficiente para permitir su defensa.

3.- El plazo máximo legal de detención.

4.- Sus derechos a:

  1. Guardar silencio, no declarar o contestar solo las preguntas que desee; a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
  2. Designar abogado (Excepciones en el art. 527 LECr. En caso de lejanía geográfica podrá hacerse por teléfono o videoconferencia) y a entrevistarse confidencialmente con él, incluso antes de prestar declaración.
  3. Acceder al atestado para poder impugnar la legalidad de la detención.
  4. Que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia. Si fuera extranjera, que se comunique a la Oficina Consular de su país.
  5. Hablar por teléfono con una persona que desee, en presencia de funcionario.
  6. Ser visitado por las autoridades consulares y a comunicarse con ellas. g) Ser asistido gratuitamente por un intérprete.
  7. Ser reconocido por el médico forense.
  8. Solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

¿En qué consiste la asistencia del abogado?

  1. Solicitar que se informe a la persona detenida de todos estos derechos.
  2. Entrevistarse reservadamente con el detenido antes de la declaración policial.
  3. Intervenir en las diligencias de declaración de la persona detenida, en las diligencias de reconocimiento, careos y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. Consignar en las actas incidencias o ampliar extremos.
  4. Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten (Declaración, reconocimiento, tomas de ADN, etc).

Las comunicaciones entre persona detenida/investigada y su abogado son confidenciales. El abogado dispone de TRES horas para acudir al centro de detención desde que es llamado por el Colegio de Abogados. Sin perjuicio del mejor criterio, en cada caso, del compañero interviniente, en caso de infracción o limitación de los expresados derechos del detenido o investigado o de su defensa, se deberá:

  1. Dejar constancia en acta de la infracción cometida.
  2. Cesar en la intervención en el momento en que se produzca tal limitación.
  3. Poner la incidencia urgentemente en conocimiento del Colegio de Abogados.
  4. Interponer demanda de Habeas Corpus para la defensa de los derechos conculcados.

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EL fenómeno “porno venganza”: La publicación en Internet de fotos intimas de mi ex. ¿Es delito?

La respuesta de Abogado Penalista Valencia es que ello podría constituir un delito contra la intimidad.

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Como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente que se produzcan este tipo de conductas que atentan contra la intimidad de las personas. Pensemos en el ex que graba, en la intimidad de la pareja, imágenes eróticas o vídeos sexuales, y que de repente, aparecen publicadas en la red a la vista de todos. Publicar contenido de este tipo puede suponer la difusión de las imágenes por terceros y la pérdida de control sobre el contenido, que puede llegar a ser visto por miles de personas en minutos. El daño ocasionado a la víctima puede ser irreparable.

Se trata de un fenómeno acuñado como “revenge porn” –pornovenganza-, mediante el cual las parejas despechadas publican en internet fotos de sus ex de lo más comprometedoras.

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Y ¿Qué dice la ley al respecto?

Según nuestro Código Penal (art. 197):

Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

Es más, este tipo de delito puede ir acompañado de otros delitos, como pueden ser el de amenazas, coacciones, agresiones verbales, injurias, etc -además de tener que afrontar la humillación de haber sido vistas sin ropa-, por lo que recomendamos a las víctimas que interpongan la correspondiente denuncia (o querella) para evitar que este tipo de comportamientos sigan ocurriendo en el mundo virtual.

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El perito mintió deliberadamente ¿es delito?

La respuesta de Abogado Penalista Valencia es SI, siempre y cuando la opinión pericial carezca de motivación o sea arbitraria, o bien que hayan sido tergiversadas las bases fácticas del informe, y exista dolo directo de estar dictaminando falsamente de forma maliciosa, plasmado en la prestación intencionada de una declaración o informe falsarios.

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Veamos qué dice la jurisprudencia sobre el delito de falso testimonio cometido por peritos: doctrina y elementos.

Según nuestro Tribunal Supremo: “El delito de falso testimonio de peritos (tipo objetivo) requiere que la declaración del perito sea falsa por existir contradicción entre lo declarado y la realidad. No basta la mera existencia de discrepancias entre opiniones: será necesario que la opinión objeto de la denuncia carezca de motivación o sea arbitraria, o bien que hayan sido tergiversadas las bases fácticas del informe. Como tipo subjetivo, exige el dolo directo de estar dictaminando falsamente de forma maliciosa, plasmado en la prestación intencionada de una declaración o informe falsarios. Se trata de un dolo genérico, consciente y voluntario, no necesitando una intención adicional de provocar un determinado perjuicio en la Administración de Justicia. El proceso penal por falso testimonio no tiene por objeto revisar la valoración de la prueba pericial realizada conforme a las reglas de la sana crítica por el órgano jurisdiccional ante el que se prestó, sino apreciar la falsedad cuando de las pruebas practicadas en el propio juicio penal se ponga de manifiesto que el informe emitido es claramente infundado, manifiestamente arbitrario o absolutamente insostenible. En este caso, apoyándose en la propia prueba pericial practicada en el juicio, se estima que el perito denunciado pudo incurrir en un error técnico, pero no en un deliberado falseamiento de la realidad. Existe presunción de inocencia ya que la sentencia absolutoria, a diferencia de la condenatoria, no necesitaba hechos probados, bastando con la declaración genérica de que los hechos alegados por la acusación no habían sido probados”.

(STS, Sala de lo Penal, de 29 de octubre de 2013, rec. Núm 273/2013).

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