ORACIÓN DEL ABOGADO
Señor, permíteme ser hábil en el argumento, preciso en el análisis, estricto en el estudio, franco con mis clientes y honesto con los adversarios.
Siéntate a mi lado en mi escritorio y escucha conmigo las necesidades de mis clientes, lee junto a mí en la biblioteca y permanece a mi lado en la vista, para que hoy, al tratar de ganar un caso, no pierda mi alma.
Abogado Penalista Valencia
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El acoso moral o “mobbing laboral” define una situación de hostigamiento que sufre un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológica de forma prolongada y que le conducen al extrañamiento social en el marco laboral, le causan enfermedades psicosomáticas y estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que abandone el empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido.
La importancia de la prueba
El mayor problema cuando se es víctima de un acoso laboral es conseguir las pruebas que lo demuestren. Por ello, es fundamental recopilar todas las pruebas posibles:
¿Qué hacer si sufres acoso laboral?
Soluciones extrajudiciales:
Soluciones judiciales:
– Jurisdicción Social
Existen procedimientos laborales que se pueden poner en marcha:
En algunos de estos procedimientos se puede pedir al Juzgado que autorice al trabajador a no asistir al lugar de trabajo hasta que se resuelva el juicio, y que la empresa tenga que seguir pagando el salario. Y en la mayoría de los casos será necesario demandar tanto a la empresa como al acosador.
Además hay que tener en cuenta que en los procedimientos por acoso, como norma general el trabajador tiene que mostrar los indicios del acoso recibido y será la empresa la que tiene que demostrar que este acoso no ha existido.
– Procedimiento Penal
Mediante denuncia o querella, a tenor lo de establecido en el artículo 173.1 del Código Penal sobre los delitos de torturas y contra la integridad moral:
El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
– Procedimiento Civil
– Procedimiento Contencioso-Administrativo
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Características
Supuestos no contemplados
¿Resulta la posición de dominio del varón un elemento del tipo en los delitos de violencia de género?
Lo cierto es que, tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial, no es una cuestión pacifica. De hecho son varias las resoluciones de Audiencias Provinciales (como por ejemplo, la de Madrid) que consideran que en delitos de violencia de género no exige la ley un dolo especial concretado en una manifestación de someter, subyugar o discriminar a su pareja.
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Después de la última reforma del Código Penal, la antigua falta de desobediencia leve a la autoridad (el derogado art. 634 Código Penal) se incorpora a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pasando a ser dos tipos de infracciones administrativas –que no penales-, siendo éstas las que siguen:
a) Por un lado, se castiga como infracción grave en el art. 36.6 Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana “la desobediencia o la resistencia a la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.
b) Por otro, se sancionan como infracciones administrativas leves (art. 37.4 LOSC) “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean conductas de infracción penal”.
Ahora bien, cuando la resistencia o desobediencia se consideren graves serán delito del art. 556.1 Código Penal.
¿Cuándo estaremos ante un delito y no una falta administrativa de desobediencia a la autoridad?
Estaremos ante un delito cuando se den sus elementos característicos que siguen a continuación:
– El sujeto pasivo del delito será la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (no los funcionarios públicos).
– La desobediencia exige que previamente exista una orden directa y terminante de la autoridad o sus agentes, dictada con las formalidades legales y por la que se imponga al particular una conducta activa o pasiva. No hace falta que al dictar la orden se le advierta al sujeto que de no cumplirla podrá incurrir en un delito de desobediencia.
– La orden ha de llegar a conocimiento del particular. No se incurrirá en una infracción penal por desobediencia si no se conoce la orden que ha de cumplirse.
– Negativa a cumplir la orden. La oposición voluntaria al mandato de la autoridad también es considerado como negativa.
– Se exige gravedad en cuanto a la desobediencia. Si no existiera la gravedad, aunque se hubiese desobedecido, estaríamos frente a una falta.
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Una de las novedades de la última reforma del Código Penal es la introducción del delito leve de maltrato de obra (dado que tras la modificación han desaparecido las faltas), que, a efectos penales, se entiende por la conducta en la que se producen golpes o malos tratos de obra hacia una persona, sin causarle lesión. Dicho de otra forma, este nuevo delito leve hace referencia a aquellas conductas contra la integridad física de las personas, que como resultado no requieren ningún tipo de asistencia facultativa médica, ni tan siquiera la primera asistencia.
Este delito leve se encuentra regulado en el artículo 147.3 del Código Penal, que establece:
“El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la PENA DE MULTA DE UNO A DOS MESES”
Importante señalar:
Que el golpeo o maltrato de obra sólo serán perseguidos mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, a no ser que estemos ante casos de violencia de género en los que no se exigirá denuncia previa para perseguir las lesiones de menor gravedad y el maltrato de obra, a su vez que la conducta dejará de ser constitutiva de un delito leve, y las penas se agravarán.
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Principio de insignificancia: No hay delito si la cantidad es insignificante como para causar efectos dañinos en la salud.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº 743/2014 se reitera en la línea jurisprudencial seguida por la Sala sobre el llamado “principio de insignificancia” en los delitos contra la salud pública, acuñado ya en numerosos precedentes jurisprudenciales y según el cual en los casos en los que la droga objeto del ilícito tráfico, por su desnaturalización cualitativa o la extrema nimiedad cuantitativa, carece absolutamente de los efectos potencialmente dañinos para la salud de las personas, la acción debe considerarse atípica.
Según la mencionada sentencia,
Debemos poner de manifiesto que, tras el Pleno no Jurisdiccional y para la Unificación de Criterios, de fecha 24 de enero de 2003, se dispuso que con respecto a la sustancia estupefaciente cocaína, la cantidad mínima psicoactiva, ha de situarse en 50 miligramos de principio activo puro. Precisamente por ello, sostuvimos en nuestra Sentencia 615/2008, de 8 de octubre , que por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala se adoptaron los acuerdos de 24 de enero de 2003 y 3 de febrero de 2005. En ellos se acude al expediente de determinación, siguiendo informes recibidos del Instituto Nacional de Toxicología, de las denominadas dosis mínimas psicoactivas que se hicieron públicas y que, en el caso de la cocaína, se fijó en 50 miligramos, y cuanto a la heroína, en 0,66 miligramos. Reiteramos la doctrina dimanante de nuestra STS 419/2012 , de 3 de mayo.
Es decir, no hay comisión de delito en aquellos supuestos en que la sustancia, muchas veces por adulteración, tiene tan poco principio activo que, de alguna forma, no puede considerarse como droga, y por tanto, no lesiona potencialmente la salud.
Dosis mínimas psicoactivas (Instituto Nacional de Toxicología)
Los limites entre tipicidad y atipicidad lo marcan las siguientes cantidades:
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo adoptó un Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala, de fecha 3 de junio de 2015, sobre valor probatorio de la declaración del imputado ante la Policía no corroborada por el mismo imputado en sede judicial.
Antes el Supremo seguía la pauta marcada por un pleno de 2006, según el cual se acordó validar esas declaraciones si los policías que habían practicado el interrogatorio las corroboraban en su comparecencia en el juicio. Sin embargo, en la actualidad y según la Sala:
Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.
No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECrim. Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECrim.
Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron.
Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Para constatar, a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial deberán prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron.
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La respuesta de Abogado Penalista Valencia es que sí podríamos estar ante un delito de alzamiento de bienes.
Consulta muy habitual, especialmente en los tiempos que corren, y una cuestión con la que tenemos que tener mucho cuidado, dado que, efectivamente, cambiar la titularidad de un bien para evitar un embargo puede ser un delito de alzamiento de bienes.
Según el artículo 257 del Código Penal sobre el delito de alzamiento de bienes:
Los requisitos básicos del delito de alzamiento de bienes son:
1.- Realizar un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones.
2.- Dificultar el cobro por los acreedores en sus procedimientos iniciados o de previsible iniciación.
3.- Relación de causalidad entre la conducta y la dificultad de los acreedores.
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Consumo compartido de cannabis.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala de lo Penal del TS núm. 484/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015 (Rec. 1765/2014), condenó a los responsables de Club Cannábico (Vizcaya) por un delito contra la salud pública. La sentencia, que supuso una revisión de la doctrina existente sobre el autoconsumo compartido, ha supuesto una gran limitación en la actividad de estos clubes de autoconsumo, al considerar muchas de sus características suficientes como para considerar que estamos ante la comisión del delito del artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo. Según el mencionado artículo,
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.
Pues bien, considera el Tribunal Supremo que aunque el consumo no tenga relevancia penal, sí lo tiene el cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una Asociación y abierto a nuevas incorporaciones, dado que colma las exigencias típicas del artículo 368 del Código Penal.
Si bien es cierto que puede haber supuestos en los que el consumo compartido de cannabis no sean delictivos, determinar su atipicidad será una cuestión de estudiar el caso concreto y no de establecer unos requisitos tasados.
Ahora bien, sí podemos decir que los siguientes indicadores favorecerán la apreciación de la atipicidad en el consumo compartido de este tipo de agrupaciones:
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Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘Ley Mordaza’: la nueva normativa no impide grabar a agentes de Policía mientras ejercen sus funciones, aunque considere falta grave usar las imágenes sin permiso y poniendo en peligro su seguridad. Por ejemplo, difundiendo sus imágenes de manera que pueda ser identificados y represaliados posteriormente.
Tampoco la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana considera que está prohibido grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones”, aunque sí considera como falta grave, tal y como señalan los jueces, usar esas imágenes o datos sin autorización y “poniendo en peligro su seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o poner en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental de la información”.
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